Precisan sanciones a empleadores que perjudiquen aportes por seguro y pensiones

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Poder Ejecutivo modificó el reglamento de La Ley general de inspección del trabajo.

Mediante Decreto Supremo Nº 016-2017-TR, publicado el 6 de agosto de 2017 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano, se han precisado las infracciones leves, graves y muy graves en materia de seguridad social que también deben ser objeto de inspección laboral.

Cabe señalar que la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,  y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, se señalan que “constituyen infracciones en materia de seguridad social, la omisión a la inscripción en el régimen de prestaciones de salud y en los sistemas de pensiones, sean éstos públicos o privados, sin perjuicio de las demás infracciones establecidas en la normatividad específica sobre la materia” (Artículo 35-Ley 28806); y “constituyen infracciones graves la falta de inscripción o la inscripción extemporánea de trabajadores u otras personas respecto de las que exista la obligación de inscripción, en el régimen de seguridad social en salud o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean éstos públicos o privados, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado” (Artículo 44-D.S. 019-2006-TR).

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PPK anunciará el 28 de julio medidas hacia los jubilados

Momento clave para la reforma de las pensiones.

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Cabe señalar que la Comisión de Protección Social, grupo nombrado por el actual gobierno, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha anunciado que en julio de este año entrega su propuesta de financiamiento de la cobertura universal de salud y de la protección previsional, que servirá de base para la reforma del sistema de pensiones y la seguridad social. Sin embargo, cabe señalar que esta “comisión”, cuenta con representantes exclusivamente de entidades del Estado y asesores “técnicos” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entidad internacional que junto al Fondo monetario internacional (FMI), en los años 90’s impusieron al Estado peruano la adopción del Sistema Privado de pensiones bajo el modelo copiado de Chile, de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), el mismo que tras eliminarse por ineficiente en Argentina, actualmente está en vías de su derogatoria en el mismo Chile. “El BID está proveyendo asistencia técnica y poniendo a disposición de la comisión, un equipo de profesionales que fortalecen la investigación y el debate. Su apoyo es un gran impulso para el logro de nuestros objetivos”, ha reconocido el titular del MEF, Alfredo Thorne.

Por ello, la VERDADERA REFORMA DEL SISTEMA PENSIONARIO, sólo debe ser por el impulso de los propios pensionistas. Esta es una coyuntura clave, la cual no se puede desaprovechar.

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¡El Estado ya no puede burlarse de los jubilados!

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• Tribunal Constitucional ordena, a entidades del Estado, el pago de beneficios a litigantes ganadores sin que sea pretexto argumentar “falta de presupuesto”

Atención pensionistas litigantes que han ganado su juicio en sede jurisdiccional pero el Estado les demora en cumplir su pago. El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado la determinación, en variada jurisprudencia, de ordenar a las entidades públicas a que cumplan con el pago de los adeudos sin argumentar la falta de presupuesto.

Finalmente, este Colegiado debe recordar que resulta irrazonable el argumento de la emplazada referido a que la ejecución del mandato se encontraría condicionada a la capacidad económica y financiera de la entidad demandada conforme a la Ley del Presupuesto del Sector Público. Al respecto, este Tribunal se ha pronunciado de esta manera en reiterada jurisprudencia (SSTC 1203-2005-PC/TC, 3855-2006-PC/TC y 06091-2006-PC/TC), enfatizando que la invocada disponibilidad presupuestaria no puede ser un obstáculo, ni menos aún debe ser considerada una condicionalidad”, señala el TC.

PAGO DE DEVENGADOS: ART. 81° DEL D.L. N° 19990

El artículo 81° del D.L. N° 19990 dice textualmente: “Sólo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario”. “No se está hablando desde la ‘activación’, o de la ‘demanda’, sino de la solicitud de jubilación”, refieren los especialistas legales.

Según los abogados del IDEJUS, el pago del devengado corresponde calcularse desde el momento en que se pidió la pensión de jubilación. “Desde el momento en que el asegurado se acerca a la ONP, y dice: quiero mi pensión de jubilación , y procede su reclamo, desde allí le tienen que abonar con un máximo de 12 meses anteriores al inicio de su trámite de solicitud de jubilación”.

RECLAMEN PAGO DE INTERESES Y COSTOS

Cabe agregar, que según las sentencias 0168-2005-PC/TC y 02616-2004-PC/TC del Tribunal Constitucional, las cuales declaran o reconocen lo siguiente: “Resultando, por lo tanto,  un mandato ineludible y de obligatorio cumplimiento, por lo que la demanda debe ser estimada”. Entonces, corresponde, según el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, el pago de costos procesales, y de conformidad con los artículos 1236º y 1244º del Código Civil, el pago de los intereses legales desde la fecha del pago de los derechos hasta cuando se haga efectivo.

EL DATO: Si desea mayor información o asesoría legal especializada acuda al local del Estudio Jurídico IDEJUS, en Jr. Quilca 593 2do. Piso, frente al Hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima.

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